Afrontémoslo, la privacidad ha muerto. Algo así insinuó Mark Zuckerberg en una entrevista en 2010 cuando le preguntaran sobre el tema. No iba desencaminado. Y, además, el tiempo ha demostrado que ha sabido sacar un gran rendimiento a su vaticinio. ¿A costa de quién? Bueno, eso está claro, a nuestra costa.
Hay que ser claros con este tema, todo lo que hacemos en internet queda registrado. Todos los datos que generamos son utilizados, analizados y vendidos. Muchos servicios digitales que antes considerábamos gratuitos se han destapado como gigantescos acumuladores de información individualizada que conocen mejor que nadie nuestros gustos, nuestras preocupaciones, nuestros movimientos, e incluso nuestras ideologías y tendencias políticas.
Así es, nada es gratis. Utilizando muchos de estos servicios hemos abierto la puerta de nuestras casas (y sobre todo de nuestras mentes) a los dueños y los gestores de las plataformas que los ponen a nuestro servicio. Tanto las operadoras telefónicas como las plataformas de redes sociales, los motores de búsqueda y las páginas webs —a través de archivos de rastreo llamadas cookies— cuenta con información concreta, instantánea y precisa de lo que buscamos en la red, lo que consumimos, por lo que nos interesamos, con quiénes nos relacionamos y cómo relacionamos, etc.
Y esta, por supuesto, solo es la información que se adquiere de manera “legítima”. En la red también podemos encontrar multitud de amenazas a nuestra privacidad provenientes de hackers informáticos o ciber-delincuentes que, a través de prácticas como el phishing o el malware, tratan de acceder a nuestros datos personales y a nuestra información sensible con fines ilícitos.
Estas últimas son una amenaza que afecta no solo a los particulares, sino también a grandes empresas, bancos e incluso a la administración. Ser víctima de un ataque de este tipo puede poner en entredicho los sistemas de seguridad de cualquier entidad, provocando un descenso en la confianza de los clientes o usuarios y los inversores, y repercutiendo de manera negativa en su actividad.
Esto explica que la cantidad de recursos invertidos en combatir este tipo de cuestiones no haga más que aumentar, sobre todo en estos tiempos en los que el comercio online, las transacciones digitales y la comunicación en línea está adquiriendo una relevancia tan destacada a consecuencia de las medidas de distanciamiento social y las restricciones a la libre movilidad provocadas por la pandemia de Covid19.
En el ámbito particular podemos reducir el riesgo de sufrir este tipo de ataques teniendo en cuenta una serie de recomendaciones de seguridad como establecer contraseñas que cumplan los requisitos de seguridad, conectarnos a redes cifradas y seguras o incrementar los cifrados mediante el uso de routers VPN, protegernos con antivirus, comprobar la legitimidad de direcciones web y correos electrónicos, etc.
Sin embargo, nadie está a salvo de exponer, en mayor o menor medida, su información personal a través de una mera búsqueda en Google, la interacción en una red social o la lectura de un artículo concreto en una plataforma que exija la aceptación de sus cookies para poder acceder a su contenido. Debemos ser conscientes de ello, comprobar en la medida de lo posible la política de privacidad de los sitios que visitamos y consumir únicamente los servicios que aseguren un tratamiento de nuestros datos acorde con nuestras preferencias.
La privacidad es un valor en auge en el comercio en línea. Quienes sepan gestionar los datos de sus clientes de manera clara e inequívoca, respetando la voluntad del usuario con respecto a la información que utilizan, obtendrá el beneplácito y la confianza de muchos internautas. Pero entonces quizás debamos preguntarnos: ¿será rentable para esas compañías proporcionar ese servicio si no pueden comerciar con nuestra información? ¿cuál será la contraprestación que tendremos que asumir para hacer uso de esos servicios? ¿sin información a su disposición, cuál será la nueva moneda de cambio?